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Expediente nº 252 – 2013/14

Reunido el Comité de Apelación, que forman D. José Mateo Díaz, D. Arturo

Manrique Marín y D. Carlos González Torres, para resolver el recurso interpuesto por

el Real Madrid Club de Fútbol, contra resolución del Comité de Competición de fecha 5

de febrero de 2014, son de aplicación los siguientes 

ANTECEDENTES

Primero.- El acta arbitral del encuentro del Campeonato Nacional de Liga de

Primera División, disputado el día 2 de los corrientes entre el Athletic Club y el Real

Madrid CF, en el apartado de jugadores, bajo el epígrafe de expulsiones, literalmente

transcrito, dice: “Real Madrid C.F.: En el minuto 75 el jugador (7) Dos Santos Aveiro,

Cristiano Ronaldo fue expulsado por el siguiente motivo: golpear con la mano en la

cara de un contrario, estando el juego detenido”.

Asimismo, en el capítulo de “otras incidencias” consta lo siguiente: “Tras

haber sido expulsado el dorsal 7 del Real Madrid CF, Cristiano Ronaldo Dos Santos

Aveiro, y mientras se retiraba del terreno de juego, se golpeó varias veces con la

palma de la mano en la cara, dirigiéndose al cuarto árbitro”.

Segundo.- Vistos el acta y demás documentos correspondientes al referido

encuentro, el Comité de Competición, en base a los fundamentos contenidos en su

resolución de fecha 5 de febrero de 2014, adoptó los siguientes acuerdos: 1º)

Suspender por UN PARTIDO a D. CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS AVEIRO,

jugador del Real Madrid CF, en aplicación del artículo 123, con multa accesoria en

cuantía de 350 euros al club y de 600 euros al futbolista (artículo 52.3 y 4); y 2º)

Suspender durante DOS PARTIDOS al repetido jugador del Real Madrid CF, D.

CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS AVEIRO, en aplicación del artículo 117, con

multa accesoria en cuantía de 700 euros al club y de 600 euros al futbolista (artículo

52.3 y 4).

Tercero.- Contra dichos acuerdos se interpone en tiempo y forma recurso

por el Real Madrid Club de Fútbol.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero.- El club recurrente, Real Madrid CF, impugna la resolución del

Comité de Competición con una serie de motivos, que se inician con la afirmación de

que “el procedimiento es nulo por vulneración de las normas esenciales que rigen el

procedimiento legalmente establecido”, vulneración que encuentra para el recurrente

apoyo en que el Comité de instancia solicitó aclaración del acta al colegiado fuera del

plazo preclusivo legalmente establecido para ello.

Considera insuficiente la cobertura que a tal fin proporciona el artículo 26.2 y

27.1 del Código Disciplinario de la RFEF, pues en su opinión el artículo 33.1.b) del

Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, obliga a que los reglamentos

disciplinarios de las distintas Federaciones Deportivas deberán establecer un

procedimiento que garantice el trámite de audiencia, de una parte, y el derecho a

reclamar (o denunciar) de otra, y que “en cualquier caso, el presunto infractor tendrá

derecho a conocer, antes de que caduque dicho trámite (el de audiencia) la acusación

contra él formulada, a efectuar las oportunas alegaciones y a la proposición de

prueba”.

Considera el recurrente, en definitiva, que una vez agotado el plazo fijado por el

artículo 26.3 del Código Disciplinario (las catorce horas del segundo día hábil siguiente

al del partido), ya no es posible abrir diligencias de comprobación de los hechos.

En su interpretación, a la hora indicada precluyó el plazo para que el presunto

infractor conociera la acusación, pudiera formular alegaciones y proponer prueba.

Segundo.- El recurrente incurre en el error de considerar que el requerimiento

del Comité de Competición al árbitro, para que emitiera informe, en orden a precisar

algunos aspectos del acta arbitral, quebranta el citado artículo 33.1.b), haciendo una

interpretación forzada y arbitraria del mismo, pues confunde la preclusión del trámite de

alegaciones de los interesados, concedido hasta las catorce horas indicadas por la

norma, con el trámite posterior de alegaciones, que en el presente caso abrió el Comité

de Competición.

En efecto, el procedimiento disciplinario, “en el caso de faltas cometidas durante

el curso del juego”, se inicia simplemente con el acta arbitral (artículo 22.c) Código

Disciplinario RFEF).

Se abre así el trámite de audiencia al interesado, sin necesidad de

requerimiento previo al mismo o a su club (en poder del cual obra copia del acta arbitral

desde que se firma por el árbitro).

Así lo establece el epígrafe 3 del citado artículo 26, que dice taxativamente “tal

derecho podrá ejercerse en un plazo que precluirá a las 14 horas del segundo día hábil

siguiente al del partido de que se trate”.  Como está indicando el precepto, la norma establece un derecho para el

interesado, no para el órgano disciplinario, al que es absurdo atribuir derechos sobre el

procedimiento, tal y como textualmente se afirma en el recurso.

Lo que si tiene el órgano disciplinario son las potestades necesarias para

conocer la verdad material, cuando de las pruebas obrantes en las actuaciones,

fundamentalmente el acta arbitral, y de las alegaciones de las partes, surjan dudas

razonables sobre circunstancias concretas del hecho enjuiciado.

La Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común abona estas consideraciones en su artículo 82

(“1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que

sean preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para

resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la

conveniencia de reclamarlos.- 2. En la petición de informe se concretará el extremo o

extremos acerca de los que se solicita”), precepto de indiscutible rango sobre

cualesquiera reglamentos. Este motivo por ello ha de ser desestimado.

El recurrente sabe, aunque lo omita, que el acta arbitral constituye el medio

documental necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones a las reglas y

normas deportivas, concediéndose igual naturaleza a las ampliaciones o aclaraciones

que los árbitros hagan a las mismas, pudiéndose llevar a efecto bien de oficio o bien a

solicitud de los órganos disciplinarios, tal y como se hizo por parte del Comité de

Competición. Por lo tanto éste al pedir una aclaración al acta, que no ampliación, no

alteró ni modificó en modo alguno el procedimiento disciplinaria, ni siquiera dejó en

indefensión al hoy recurrente, que pudo alegar a dicha aclaración lo que a su derecho

convino, por lo que no se han subvertido en modo alguno el trámite procedimental y se

ha actuado con base a lo preceptuado en los artículos 26.2 y 27.1 del Código

Disciplinario que bien conoce el recurrente, al haber hecho igualmente mención a los

mismos.

El recurrente ha sido conocedor en todo momento, tanto del acta arbitral como

de la aclaración que de la misma se ha hecho, habiéndosele dado el traslado

correspondiente y conociendo a la perfección y en concreción los hechos objeto del

expediente disciplinario, sobre los que ha efectuado las alegaciones que por

conveniente ha considerado, por lo que la inmersión que realiza sobre el artículo 26.3

del Código Disciplinario sobre el plazo preclusivo señalado, no hace más que

fundamentar sobre dicha base un razonamiento no acorde con el sentido de dicho

artículo, todo ello con el fin de llegar a la conclusión que únicamente a su derecho

interesa, pues intenta basar sus alegaciones que reproduce en esta instancia, en una

jugada anterior a la que es objeto de estudio (ese fue el motivo de solicitud de

aclaración).

Pretende el recurrente basar su derecho, y así se observa al dedicarle dos

terceras partes del recurso, en la nulidad del contenido del acta arbitral, no dedicando

ni una sola línea al hecho concreto objeto de sanción, evidentemente porque a su

derecho no conviene ni alega cuestión alguna en el hecho que el Comité de Competición considera como probado (acción ocurrida entre los jugadores Iturraspe y

Cristiano Ronaldo en el minuto 75), y que se refleja en la expositivo segundo de la

resolución objeto del presente recurso.

Si no se combate el hecho sancionado o se prueba la inexistencia del mismo,

difícilmente se puede acceder a la petición solicitada de retirada de la tarjeta roja

mostrada al jugador D. Cristiano Ronaldo Dos Santos, cuya exhibición por parte del

árbitro tampoco se combate.

Tercero.- La desestimación de este primer argumento del recurso implica la

de los restantes, al haber quedado demostrado el ajuste a la legalidad de la medida

adoptada por el Comité de Competición.

En efecto, como segundo argumento, se sostiene que el procedimiento es nulo

porque se variaron los hechos sancionados por el árbitro, argumento que no puede ser

más capcioso, pues tales hechos siguen siendo los recogidos en el acta (“golpear con

la mano en la cara de un contrario, estando el juego detenido”), sólo que ahora han

quedado delimitados.

El recurrente mezcla las tarjetas aplicadas a los jugadores sancionados, los

Sres. Dos Santos Aveiro e Iturraspe Derteano, con lo sucedido con otro jugador, Sr.

Gurpegui, en un incidente que no tuvo trascendencia disciplinaria en el acta, según

aclaró el árbitro al contestar al requerimiento del Comité de Competición,

requerimiento provocado por la creencia del recurrente de que el árbitro había

sancionado al Sr. Dos Santos por la incidencia con el Sr. Gurpegui, incidencia

ocurrida segundos antes de la que tuvo lugar con el Sr. Iturraspe Derteano (el propio

recurrente narra en la página 6 de su recurso que la primera ocurrió en el minuto

24:02 y la posterior en el minuto 24:47, de la segunda parte, o sea, con 45 segundos

de diferencia).

Tan rápida sucesión de los hechos hizo que el recurrente, en sus primeras

alegaciones, se refiriera constantemente al incidente con el Sr. Gurpegui, y llevó al

Comité de Competición a requerir al árbitro, para que aclarara ese extremo.

No ha habido, en consecuencia, alteración en los hechos como pretende el

recurrente.

En forma absolutamente gratuita, en el recurso de afirma, con la mayor

inexactitud, en la página 7, que “el Comité de Competición recibió unas alegaciones

al acta cuando todo el mundo pensaba que se refería, como era la realidad, al

enfrentamiento de Cristiano con Gurpegui (A) y luego se vio obligado a pedir otras

en torno a unos hechos diferentes (B) que nada tenían que ver con las primeras”.

La afirmación es gratuita y este argumento, en consecuencia, también ha de

ser desestimado.

Cuarto.- Igual suerte ocurre con el tercer argumento del recurrente, en

que se sostiene que el requerimiento del Comité de Competición causó indefensión

al Real Madrid CF.

Es de sobra sabido que la indefensión, como el mismo recurso expone en

algún pasaje, se produce cuando el imputado no conoce el hecho por el que se le

siguen las actuaciones disciplinarias, no se le da audiencia previa antes de la

decisión, no se le permiten emplear medios probatorios o se le priva de los recursos

establecidos por la Ley.

Pues bien, de ninguna de estas garantías ha sido privado el recurrente:

conoció el acta que dio lugar a la imputación y pudo hacer alegaciones en plazo

sobre ella; conoció asimismo el resultado del requerimiento al árbitro y se le dio

plazo también para ser oído y formular alegaciones; pudo entonces proponer prueba

y, por último, ha utilizado el presente recurso de apelación.

La futilidad del argumento es absoluta.

Quinto.- El cuarto argumento del recurso carece igualmente de

trascendencia, y contiene una versión de lo sucedido, basada en la opinión del

recurrente en torno a los hechos, pues concluye que “lo único racional y lógico

hubiera sido, cuando menos, la misma sanción para el adversario (máxime cuando

es Iturraspe quien agrede a Cristiano) y no sanciones diferentes”.

Alude de esa forma a que el jugador Sr. Iturraspe sólo recibió tarjeta amarilla

de amonestación.

Plantea de ese modo el recurrente una cuestión inatendible, pues nadie ha

impugnado, ante este Comité ni el de Competición, la conformidad a Derecho de esa

tarjeta diferenciadora de trato y, en consecuencia, resulta imposible pronunciarse al

respecto.

Este Comité no puede acoger la alegación efectuada en el expositivo cuarto,

al referirse en términos de “la jugada recogida en el acta es incompatible con la

realidad de lo acontecido”.

Prescindiendo de que es inadecuado llamar jugada al incidente, de la prueba

aportada por el propio recurrente no se puede considerar que sea incompatible con

la realidad de lo acontecido.

Sexto.- El quinto argumento hace referencia a la sanción impuesta al Sr.

Dos Santos Aveiro por tocarse la cara, en señal de desconsideración o tal vez de

mofa hacia el cuarto árbitro.

El argumento tampoco puede prevalecer. La lógica más elemental conduce a

concluir que es correcta la deducción del acta, pues la cadena de acontecimientos

habla en ese sentido. Quien osa hacer ese gesto de burla en público es indudable

que lo dirige a un destinatario, y éste, con lógica, lo era el cuarto árbitro al que el

jugador consideró responsable de una decisión injusta.

Este argumento recuerda el que durante cierto tiempo se utilizó con respecto

a la frase “hijo de p…”, alegándose que no se dirigía hacia el árbitro, sino incluso

contra el mismo que la profería.

Es obvio que quien la dice o quien hace esos gestos busca un destinatario y

es lógica la deducción de que lo es la persona que adoptó la decisión o informó

desfavorablemente sobre lo sucedido.

Séptimo.- Procede, finalmente, aludir a la jurisprudencia citada por el

recurrente. Todas las citas contienen referencias generales, en términos de gran

amplitud, o doctrinas tales como el respeto a las normas de procedimiento, a la

presunción de inocencia, a la indefensión, que son incontestables pero que, por esa

amplitud, no guardan relación con los problemas concretos que aquí se plantean.

Este Comité pone de relieve y resalta lo preceptuado en el artículo 236 del

Reglamento General de la RFEF, que establece, en su apartado 1, que “el árbitro es

la autoridad deportiva única e inapelable, en el orden técnico, para dirigir los

partidos”.

Por todo lo expuesto, este Comité no puede tener en consideración la

solicitud de anular la tarjeta roja mostrada, e igualmente la aplicación reglamentaria

llevada a cabo por el Comité de Competición se considera plenamente ajustada a

Derecho, habiéndose producido la suspensión que se recoge en los artículos 123 y

117 del Código Disciplinario de la RFEF en su grado mínimo.

En virtud de cuanto antecede, el Comité de Apelación,

ACUERDA:

Desestimar el recurso formulado por el REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL,

confirmando en todos sus extremos la resolución del Comité de Competición de fecha

5 de febrero de 2014.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Comité Español

de Disciplina Deportiva en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente

al que se reciba la notificación.

Las Rozas (Madrid), a 7 de febrero de 2014.

El Presidente,